La regularización extraordinaria prevista para 2026 puede convertirse en la mayor oportunidad de la última década para miles de personas que ya viven y trabajan en España, pero que siguen en situación administrativa irregular. El Gobierno ha hecho público un Proyecto de Real Decreto que anuncia un proceso excepcional de regularización, con requisitos claros, plazos cerrados y un objetivo declarado: dar seguridad jurídica a una realidad que ya existe. Antes de entrar en materia, es imprescindible una advertencia honesta: a día de hoy no estamos ante una norma aprobada, sino ante un proyecto en tramitación. Esto significa que el contenido puede sufrir ajustes, pero también que el momento para informarse y preparar la estrategia es ahora.
Qué es la regularización extraordinaria de 2026 y por qué se impulsa ahora
El propio Proyecto lo explica de forma clara. Literalmente señala que esta decisión se adopta “con el objetivo de garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad existente”. La regularización no se presenta como una respuesta improvisada, sino como la consecuencia de un consenso social y político amplio, impulsado por la Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 700.000 firmas y una mayoría parlamentaria muy significativa. El mensaje de fondo es claro: hay cientos de miles de personas que ya viven en España, trabajan, cuidan, pagan alquileres y forman parte de nuestras ciudades, pero lo hacen sin un marco jurídico estable.
Para asegurar la validez de este proceso, es fundamental contar con el asesoramiento de un abogado de extranjería en Madrid especializado.
Un proceso excepcional, no una amnistía
Es importante desmontar uno de los grandes miedos que circulan en redes y medios. Esta regularización no es abierta, indefinida ni automática. El Proyecto insiste en que se trata de una medida excepcional, con: fecha de corte clara, requisitos definidos y plazo cerrado de solicitudes. Esto es clave para entender por qué el Gobierno sostiene que no existe “efecto llamada” y por qué la medida se integra dentro de una política migratoria ordenada.
A quién va dirigida esta regularización
La regularización extraordinaria se dirige a personas extranjeras que ya se encuentran en España antes de una fecha concreta y que pueden acreditar una permanencia previa mínima. No está pensada para nuevas llegadas, sino para regularizar situaciones ya consolidadas, muchas de ellas prolongadas durante años.
Requisitos que prevé el proyecto
Según el texto actualmente conocido, el requisito central es doble: haber residido en España antes del 31 de diciembre de 2025 y acreditar una permanencia continuada mínima de cinco meses en el momento de la solicitud. A ello se suman los requisitos habituales del derecho de extranjería, como la carencia de antecedentes penales por delitos tipificados en el ordenamiento español. El propio Proyecto subraya que se admitirá cualquier prueba válida en derecho para acreditar la estancia, lo que abre la puerta a una estrategia probatoria bien trabajada, más allá del simple empadronamiento.
Permanencia previa y fecha de corte
La fecha de corte y el periodo mínimo de permanencia son el corazón jurídico del proceso. Son los elementos que delimitan quién puede acceder y quién no. Este diseño no es casual. Busca evitar inseguridad jurídica, colapsos administrativos y expectativas irreales.
Qué tipo de autorización se concederá
El Proyecto prevé la concesión de una autorización de residencia con una vigencia inicial de un año. Durante ese año, la persona regularizada puede incorporarse plenamente al sistema legal, laboral y fiscal, con derechos y obligaciones equivalentes a los de cualquier residente.
Trabajo legal y seguridad para empresas
Uno de los puntos más potentes del Proyecto es que la autorización concedida habilita automáticamente para trabajar en todo el territorio nacional y en cualquier sector. Esto elimina una de las grandes barreras actuales: la inseguridad tanto para la persona trabajadora como para el empleador. El texto oficial insiste en que esta regularización no crea nuevos empleos artificiales, sino que ordena situaciones laborales que ya existen, sacándolas de la economía informal.
Regularización de familias y menores
El enfoque familiar es uno de los elementos más sensibles y, a la vez, más buscados en Google. El Proyecto pone el acento en la estabilidad de las unidades familiares y en la protección de los menores, evitando que queden en una situación de vulnerabilidad administrativa mientras sus progenitores acceden a la regularización. Esto abre la puerta a solicitudes vinculadas o paralelas dentro del mismo núcleo familiar, siempre que se cumplan los requisitos de estancia.
Qué ocurre con los solicitantes de asilo
El texto del Proyecto conecta directamente esta regularización con el “limbo” de la protección internacional. Especialmente relevante es el caso de personas con solicitudes de asilo denegadas o con procedimientos ya agotados, que podrían encontrar en esta vía una solución definitiva. En los casos de asilo en trámite o con recursos judiciales pendientes, la situación exige un análisis jurídico individualizado. No se trata de elegir a ciegas entre asilo o regularización, sino de diseñar la estrategia correcta en el momento adecuado.
Relación con el nuevo reglamento de extranjería
El Gobierno deja claro que esta regularización es compatible y complementaria con el nuevo Reglamento de Extranjería aprobado en 2024. La reforma reglamentaria moderniza el sistema para el futuro, pero la regularización extraordinaria actúa sobre el pasado, permitiendo “poner el contador a cero” y evitar que la irregularidad siga reproduciéndose.
Impacto laboral y económico
Los datos que maneja el propio Proyecto son contundentes. En 2025, España alcanzó un máximo histórico de afiliación extranjera a la Seguridad Social, con más de 3,1 millones de personas cotizando. La aportación de la población migrante se presenta como estructural, no coyuntural, y clave para la sostenibilidad del mercado laboral y del sistema de pensiones.
Regularizaciones anteriores en españa
España no es ajena a este tipo de procesos. Desde 1986 hasta 2005 se han llevado a cabo varias regularizaciones extraordinarias, con cientos de miles de autorizaciones concedidas. La experiencia acumulada muestra efectos positivos en integración, recaudación fiscal y reducción de la economía sumergida.
Qué pasará después del primer año
La regularización no es un punto final, sino un punto de partida. Transcurrido el primer año, las personas regularizadas deberán incorporarse a las vías ordinarias del Reglamento de Extranjería, como cualquier otro residente.
Marco normativo y jurisprudencia clave: por qué esto no es “rumor” y cómo se sostiene jurídicamente
Aunque la regularización extraordinaria de 2026 todavía no está aprobada, el análisis serio debe apoyarse en el marco jurídico vigente. La Ley Orgánica 4/2000 es la norma de base. En particular, sus preceptos sobre autorizaciones de residencia y trabajo y sobre el régimen de infracciones y sanciones son los que delimitan qué significa estar en situación irregular. El Reglamento de Extranjería (Real Decreto 1155/2024) es el marco reglamentario vigente que regula las autorizaciones de arraigo. El Proyecto de Real Decreto de regularización extraordinaria 2026 es el corazón de la reforma. El Tribunal Supremo ha declarado que la falta de autorización de trabajo no elimina los derechos laborales del trabajador extranjero. Asimismo, la jurisprudencia contencioso-administrativa insiste en ponderar la vida familiar y el interés superior del menor. La práctica administrativa y la jurisprudencia han aceptado que la permanencia puede acreditarse por un conjunto de documentos que construyan una secuencia lógica y objetiva.
Preguntas frecuentes clave
¿Está ya aprobada la regularización extraordinaria?
No. Actualmente es un Proyecto de Real Decreto y no puede solicitarse hasta su aprobación definitiva.
¿Es una oportunidad única?
Todo apunta a que sí. Se trata de una medida excepcional, con plazos cerrados y sin vocación de permanencia.
¿Puedo preparar mi expediente antes de que se apruebe?
Sí, y de hecho es lo más recomendable para evitar errores y retrasos cuando se abra el plazo.
¿Es necesario asesoramiento legal?
No es obligatorio, pero la experiencia demuestra que un expediente mal planteado puede quedarse fuera por errores evitables.
Firmado
Jordi Català Soriano
Abogado - Socio
ICAB n° 22.600
