Presunción de inocencia frente a Hacienda: cómo anular una sanción tributaria si no se prueba la culpabilidad

Introducción: Hacienda también debe respetar la presunción de inocencia

Cuando se habla de presunción de inocencia, muchas personas piensan únicamente en procesos penales. Sin embargo, este derecho fundamental también se aplica en los procedimientos administrativos sancionadores, incluidos los procedimientos sancionadores tributarios.

Esto significa que Hacienda no puede imponer una sanción tributaria simplemente porque considere que una declaración de IRPF, IVA, Impuesto sobre Sociedades o cualquier otro tributo estaba mal presentada. La Administración puede regularizar, pero para sancionar necesita algo más: debe probar que el contribuyente actuó con culpabilidad.

En la práctica, muchas sanciones tributarias se basan en fórmulas genéricas. Hacienda afirma que se ha dejado de ingresar una cantidad, que la norma era clara, que no existe interpretación razonable o que el contribuyente debía conocer sus obligaciones fiscales. Sin embargo, esas afirmaciones no siempre son suficientes.

La presunción de inocencia obliga a la Administración a acreditar la infracción y el elemento subjetivo de culpabilidad. Si no lo hace, la sanción puede ser anulada.

Qué significa la presunción de inocencia en materia tributaria

La presunción de inocencia en materia tributaria implica que el contribuyente no puede ser sancionado si no existe prueba suficiente de la infracción y de la culpabilidad.

La Administración tiene la carga de probar. El obligado tributario no tiene que demostrar su inocencia. Si existen dudas razonables, insuficiencia probatoria o falta de motivación, debe prevalecer la presunción de inocencia.

Este principio se conecta directamente con el artículo 24.2 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a la presunción de inocencia, y con el artículo 53.2.b de la Ley 39/2015, que reconoce en los procedimientos sancionadores el derecho a la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.

En materia tributaria, esta garantía tiene una importancia enorme porque la Administración suele partir de una liquidación previa. Pero la existencia de una liquidación no equivale automáticamente a la existencia de una infracción sancionable.

Diferencia entre regularización tributaria y sanción

Una regularización tributaria tiene por finalidad corregir la situación fiscal del contribuyente. Hacienda puede entender que se declararon menos ingresos, que se dedujeron gastos no admisibles, que se aplicó incorrectamente una reducción o que no se ingresó una cuota.

La sanción tributaria, en cambio, tiene naturaleza punitiva. Supone un castigo económico por una conducta considerada infractora.

Por eso, la sanción exige garantías reforzadas.

Puede existir liquidación sin sanción. De hecho, en muchos casos la Administración puede corregir una declaración, pero no sancionar si no acredita culpabilidad.

Por ejemplo, puede haber una discrepancia interpretativa razonable, un error contable, una falta de prueba suficiente sobre un gasto, una operación compleja, una factura discutida, una cantidad recibida por cuenta de un cliente o una imputación temporal dudosa. En todos estos supuestos, la regularización puede discutirse, pero la sanción exige un análisis adicional.

Qué debe probar Hacienda para imponer una sanción

Para imponer una sanción tributaria, Hacienda debe probar varios elementos.

Debe acreditar el hecho objetivo de la infracción. Por ejemplo, que se dejó de ingresar una deuda tributaria, que se obtuvo indebidamente una devolución o que se incumplió una obligación formal.

Pero, además, debe acreditar el elemento subjetivo. Es decir, debe demostrar que la conducta fue dolosa, culposa o negligente.

El artículo 183.1 de la Ley General Tributaria establece que son infracciones tributarias las acciones u omisiones dolosas o culposas tipificadas y sancionadas en la ley. Esta referencia a dolo o culpa es esencial.

Por tanto, una sanción tributaria no puede basarse únicamente en el resultado. La Administración debe explicar por qué el contribuyente actuó de forma reprochable.

La culpabilidad no se presume: normativa aplicable

La normativa aplicable es muy clara.

El artículo 178 de la Ley General Tributaria establece que la potestad sancionadora tributaria se ejercerá de acuerdo con los principios reguladores de la potestad sancionadora en materia administrativa.

El artículo 179 LGT regula el principio de responsabilidad y recoge determinados supuestos en los que no existe responsabilidad tributaria.

El artículo 183.1 LGT exige que la infracción sea dolosa o culposa.

El artículo 191 LGT tipifica la infracción por dejar de ingresar la deuda tributaria que debiera resultar de una autoliquidación.

El artículo 211.3 LGT exige que la resolución sancionadora contenga los hechos, la infracción cometida, la persona responsable, la sanción impuesta, los criterios de graduación y la reducción que proceda.

El artículo 24.1 del Real Decreto 2063/2004 exige que la resolución del procedimiento sancionador esté debidamente motivada.

De todo ello se desprende una consecuencia fundamental: la sanción debe contener un juicio de culpabilidad concreto, no una mera reproducción de la liquidación.

Jurisprudencia clave del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo

La jurisprudencia ha reiterado que la presunción de inocencia se aplica plenamente al derecho administrativo sancionador.

La STC 76/1990 declaró que la Administración debe basar la sanción en actividad probatoria de cargo suficiente y que la carga de la prueba corresponde a quien acusa. Esta sentencia es una referencia esencial en materia sancionadora tributaria.

La STC 169/1998 insistió en que cualquier insuficiencia probatoria debe resolverse a favor del presunto infractor.

La STC 246/1991 rechazó la responsabilidad objetiva en materia sancionadora y vinculó la sanción a la existencia de culpabilidad.

En el ámbito tributario, la STS de 6 de junio de 2008, EDJ 97539, declaró que no se puede sancionar por el mero incumplimiento de obligaciones tributarias y que la decisión sancionadora debe apoyarse en datos de hecho suficientemente expresivos y detallados.

La STS de 27 de noviembre de 2008, EDJ 305145, y la STS de 22 de septiembre de 2011, EDJ 222491, reiteraron que no basta afirmar que la norma era clara o que no concurre una causa de exclusión de responsabilidad.

La STS de 25 de febrero de 2010, EDJ 71302, también es relevante porque recuerda que los defectos de motivación de la sanción no pueden ser suplidos posteriormente por el órgano judicial.

Estas sentencias permiten construir una defensa sólida frente a sanciones tributarias automáticas o poco motivadas.

Por qué no basta decir que la norma era clara

Uno de los errores más habituales de Hacienda es motivar la sanción diciendo que la norma era clara y que el contribuyente debía haber actuado correctamente.

Ese razonamiento es insuficiente.

El Tribunal Supremo ha dicho que la claridad de la norma no permite sancionar automáticamente. Incluso ante normas aparentemente claras, puede existir error, duda razonable, discrepancia interpretativa, complejidad probatoria o ausencia de culpabilidad.

La Administración debe explicar qué conducta concreta revela negligencia. No puede limitarse a afirmar que el contribuyente no actuó correctamente.

Tampoco basta decir que no concurre interpretación razonable. La culpabilidad no se motiva por exclusión. La Administración no puede decir simplemente: “como no hay causa de exoneración, hay culpa”. Debe probarla positivamente.

Profesionales, autónomos y empresarios: ser experto no prueba culpabilidad

Hacienda a veces fundamenta la culpabilidad en la condición del contribuyente. Por ejemplo, si es abogado, asesor, empresario, administrador, autónomo o profesional, afirma que debía conocer la normativa fiscal.

Pero esa forma de razonar es peligrosa y puede ser contraria a Derecho.

Una sentencia del TSJ de Galicia de 7 de junio de 2024, EDJ 607769, anuló una sanción impuesta a un abogado en un supuesto de IRPF porque la Administración había basado la culpabilidad en su condición de profesional del Derecho Tributario. El tribunal consideró que ni la profesión de abogado, ni la llevanza de libros registro, ni el cumplimiento previo de obligaciones fiscales prueban por sí solos la culpabilidad.

La sentencia recuerda algo esencial: la mera omisión en la declaración puede servir para regularizar, pero no basta para sancionar.

Este criterio es muy importante para autónomos, empresarios, despachos profesionales y sociedades. La Administración no puede presumir culpabilidad por la cualificación profesional del contribuyente.

La importancia de la prueba de descargo

El contribuyente tiene derecho a aportar pruebas para defenderse en el procedimiento sancionador.

La Administración debe valorar esas pruebas y, si las rechaza, debe motivar por qué lo hace.

La STS de 24 de noviembre de 2025, EDJ 773458, refuerza esta garantía al declarar que la sanción impuesta prescindiendo de pruebas de descargo sin pronunciamiento expreso y motivado vulnera el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes y la presunción de inocencia.

Esto tiene mucha importancia en sanciones tributarias donde el contribuyente aporta documentación para explicar determinadas operaciones.

Por ejemplo:

• justificantes de pagos a clientes;
• cheques;
• transferencias;
• correos electrónicos;
• hojas de encargo;
• facturas rectificativas;
• expedientes;
• pruebas de que una factura no se cobró;
• documentación de FOGASA;
• justificantes de suplidos;
• pruebas de reintegros;
• presupuestos no aceptados.

Si Hacienda ignora esa prueba o no explica por qué no la acepta, la sanción puede ser recurrida.

Sanciones por ingresos no declarados: cuándo pueden anularse

Las sanciones por ingresos no declarados son muy frecuentes.

Hacienda puede detectar supuestos ingresos mediante facturas, movimientos bancarios, TPV, información de terceros o documentos internos. Pero la existencia de indicios de ingresos no basta siempre para sancionar.

La Administración debe acreditar que el contribuyente ocultó ingresos de forma culpable.

Esto es especialmente importante cuando los importes regularizados tienen una naturaleza discutida.

En actividades profesionales, pueden existir cantidades recibidas por cuenta de clientes, suplidos, provisiones, indemnizaciones, cantidades de FOGASA, reintegros o importes que no retribuyen realmente al profesional.

Si Hacienda trata todo abono como ingreso, pero después se acredita que parte pertenecía al cliente, la sanción pierde fuerza. No se puede hablar de ocultación clara cuando la propia naturaleza del cobro es discutible.

La sanción también puede anularse cuando el acuerdo sancionador no identifica operación por operación qué ingreso se omitió y por qué esa omisión fue culpable.

Sanciones por gastos no deducibles: regularizar no es sancionar

Otro supuesto muy habitual es la sanción por gastos no deducibles.

Hacienda rechaza gastos por falta de afectación, falta de justificación, insuficiencia documental o defectos en la factura. Después, además de liquidar, impone una sanción.

Pero rechazar un gasto no significa automáticamente que el contribuyente haya actuado culpablemente.

Puede haber gastos reales cuya prueba sea insuficiente. Puede haber una discrepancia sobre la afectación a la actividad. Puede haber documentos incompletos. Puede existir una interpretación razonable sobre la deducibilidad.

En estos casos, la sanción exige motivar por qué la deducción del gasto fue culpable. No basta con decir que el gasto no se admite.

El acuerdo sancionador debe explicar qué sabía el contribuyente, por qué actuó negligentemente y por qué no podía considerar razonablemente deducible ese gasto.

Cómo recurrir una sanción tributaria por vulneración de la presunción de inocencia

Para recurrir una sanción tributaria por vulneración de la presunción de inocencia, conviene revisar el acuerdo sancionador con mucho detalle.

Hay que comprobar si Hacienda:

• ha diferenciado liquidación y sanción;
• ha probado la conducta infractora;
• ha motivado la culpabilidad;
• ha valorado las pruebas aportadas;
• ha individualizado las operaciones;
• ha distinguido entre ejercicios;
• ha explicado los criterios de graduación;
• ha aplicado correctamente las reducciones;
• ha evitado fórmulas genéricas;
• ha acreditado dolo, culpa o negligencia;
• ha respetado el derecho de defensa.

Si el acuerdo sancionador se limita a copiar la liquidación o a afirmar que el contribuyente dejó de ingresar una cantidad, la sanción puede ser impugnada.

Conclusión

La presunción de inocencia también protege al contribuyente frente a Hacienda.

La Administración no puede imponer sanciones tributarias automáticas. Debe probar la infracción y la culpabilidad, motivar el acuerdo sancionador y valorar las pruebas de descargo.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo exige una motivación individualizada, suficiente y concreta. Si Hacienda no cumple esa exigencia, la sanción puede ser anulada.

En Català Reinón Abogados defendemos a contribuyentes, autónomos, profesionales y sociedades frente a sanciones tributarias, liquidaciones de Hacienda y procedimientos ante el TEAR, TEAC y tribunales contencioso-administrativos.

Publicado: Mayo 2026
Especialista en Derecho Fiscal y Tributario
Abogado/a Colegiado/a