En Català Reinón Abogados vemos con frecuencia acuerdos sancionadores que se limitan a reproducir la liquidación y a afirmar que el contribuyente no declaró correctamente. Esa forma de sancionar puede ser contraria a Derecho si no existe una motivación individualizada de la culpabilidad.
ÍNDICE
- Introducción: por qué una liquidación de Hacienda no siempre permite imponer una sanción
- Diferencia entre liquidación tributaria y sanción tributaria
- Qué exige el principio de culpabilidad en materia tributaria
- La motivación de la culpabilidad: el punto clave para recurrir una sanción
- Por qué Hacienda no puede sancionar con frases genéricas
- Sanciones por ingresos no declarados: qué debe probar realmente la Administración
- Qué ocurre si Hacienda se equivoca parcialmente en la liquidación
- La presunción de inocencia también se aplica frente a Hacienda
- Sanciones tributarias a autónomos, profesionales y sociedades: errores frecuentes
- Cómo recurrir una sanción tributaria con posibilidades de éxito
- Conclusión
Introducción: por qué una liquidación de Hacienda no siempre permite imponer una sanción
Cuando Hacienda revisa una declaración de IRPF, IVA, Impuesto sobre Sociedades u otro tributo, puede dictar una liquidación exigiendo el pago de una cantidad adicional. Sin embargo, una cuestión muy importante es que esa regularización no permite imponer automáticamente una sanción tributaria.
Este punto es esencial. Muchos contribuyentes reciben una liquidación y, junto a ella, una sanción por dejar de ingresar. Pero el hecho de que Hacienda considere que se ha declarado mal no significa necesariamente que exista una infracción sancionable.
Para que una sanción tributaria sea válida, la Administración debe acreditar algo más que una diferencia de criterio o una cuota dejada de ingresar. Debe probar que el contribuyente actuó con culpabilidad, ya sea por dolo, culpa o negligencia.
Diferencia entre liquidación tributaria y sanción tributaria
La liquidación tributaria y la sanción tributaria son dos actos distintos.
La liquidación sirve para determinar cuánto entiende Hacienda que debe pagar el contribuyente. Puede derivar de una comprobación limitada, de una inspección o de una revisión de datos declarados.
La sanción, en cambio, tiene naturaleza punitiva. No busca únicamente cobrar una deuda, sino castigar una conducta considerada infractora.
Por eso, la sanción exige garantías reforzadas. No basta con decir que se ha dejado de ingresar una cantidad. La Administración debe explicar por qué esa falta de ingreso fue culpable.
Por ejemplo, puede existir una regularización porque Hacienda no acepta determinados gastos deducibles, porque interpreta de forma distinta una norma o porque considera que ciertos ingresos debieron declararse en otro ejercicio. Pero no toda regularización implica negligencia.
Qué exige el principio de culpabilidad en materia tributaria
El principio de culpabilidad es una garantía básica del derecho sancionador. En materia tributaria, deriva de los artículos 24 y 25 de la Constitución Española y de la Ley General Tributaria.
El artículo 183.1 de la Ley General Tributaria establece que son infracciones tributarias las acciones u omisiones dolosas o culposas tipificadas en la ley. Esta frase es clave: si no hay dolo o culpa, no puede haber sanción.
Además, el artículo 178 LGT somete la potestad sancionadora tributaria a los principios de legalidad, tipicidad, responsabilidad y proporcionalidad.
Por tanto, Hacienda no puede imponer una sanción por responsabilidad objetiva. Es decir, no puede sancionar simplemente porque exista una cuota regularizada. Debe acreditar que el contribuyente actuó de forma reprochable.
El Tribunal Supremo ha reiterado que no puede sancionarse por el mero resultado de una regularización tributaria. La sanción exige una motivación específica sobre la culpabilidad.
La motivación de la culpabilidad: el punto clave para recurrir una sanción
Uno de los motivos más importantes para recurrir una sanción tributaria es la falta de motivación suficiente de la culpabilidad.
El acuerdo sancionador debe explicar de forma concreta:
- qué hechos se imputan al contribuyente;
- qué infracción se considera cometida;
- qué pruebas sostienen esa imputación;
- por qué la conducta fue dolosa, culposa o negligente;
- qué criterios de graduación se aplican;
- qué sanción corresponde a cada ejercicio o concepto.
No basta con afirmar que el contribuyente no declaró determinados ingresos o que se dedujo gastos improcedentes. Hacienda debe razonar por qué esa conducta concreta merece sanción.
El artículo 211.3 LGT exige que la resolución sancionadora contenga la fijación de los hechos, la valoración de las pruebas, la determinación de la infracción, la identificación del responsable, la cuantificación de la sanción y los criterios de graduación.
El artículo 24.1 del Real Decreto 2063/2004 también exige que la resolución sancionadora esté motivada.
Por qué Hacienda no puede sancionar con frases genéricas
Muchas sanciones tributarias se apoyan en fórmulas genéricas como:
- “la norma era clara”;
- “el contribuyente debía conocer sus obligaciones fiscales”;
- “no concurre una interpretación razonable”;
- “se ha dejado de ingresar una deuda tributaria”;
- “la conducta revela falta de diligencia”.
Estas frases, por sí solas, no son suficientes.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha rechazado que la culpabilidad pueda motivarse por exclusión, es decir, diciendo simplemente que no se aprecia una causa de exoneración de responsabilidad.
Tampoco basta con decir que el contribuyente era empresario, autónomo, abogado, administrador o profesional cualificado. Incluso en esos casos, Hacienda debe explicar por qué la conducta concreta fue culpable.
Una sentencia reciente del TSJ de Galicia de 7 de junio de 2024 anuló una sanción impuesta a un abogado porque la Administración había basado la culpabilidad en su condición profesional y en que debía conocer la normativa tributaria. El tribunal recordó que la mera omisión en la declaración puede ser suficiente para regularizar, pero no para sancionar.
Sanciones por ingresos no declarados: qué debe probar realmente la Administración
Una de las sanciones más habituales es la derivada de ingresos no declarados.
Hacienda puede detectar supuestos ingresos mediante movimientos bancarios, facturas, TPV, documentación interna, libros registro o información de terceros. Sin embargo, incluso aunque esos elementos puedan servir para liquidar, no siempre bastan para sancionar.
La Administración debe probar no solo la existencia del ingreso, sino también la culpabilidad en su omisión.
Esto es especialmente relevante cuando se trata de actividades profesionales, como abogados, asesores, procuradores o consultores. En estos casos, no toda cantidad recibida en una cuenta profesional constituye necesariamente un ingreso propio.
Puede tratarse de:
- cantidades recibidas por cuenta de clientes;
- suplidos;
- provisiones de fondos;
- indemnizaciones pertenecientes al cliente;
- cantidades de FOGASA;
- reintegros posteriores;
- pagos a terceros;
- presupuestos no aceptados;
- prefacturas;
- facturas emitidas por error.
Por ello, si Hacienda sanciona sin analizar la verdadera naturaleza de cada operación, la sanción puede ser anulada.
Qué ocurre si Hacienda se equivoca parcialmente en la liquidación
Cuando un tribunal económico-administrativo o un juzgado corrige parte de la liquidación, ello puede afectar directamente a la sanción.
Si Hacienda computó como ingreso profesional una cantidad que en realidad pertenecía al cliente, o si incluyó importes brutos sin descontar pagos, reintegros o suplidos, la base sancionadora queda afectada.
Además, esa estimación parcial demuestra que la conducta no era tan clara como sostenía Hacienda. Si incluso el órgano revisor corrige la regularización, resulta más difícil defender que existía una ocultación evidente, consciente e indiscutible.
En estos casos, debe analizarse si procede anular la sanción total o parcialmente.
La presunción de inocencia también se aplica frente a Hacienda
La presunción de inocencia no se limita al ámbito penal. También se aplica al procedimiento administrativo sancionador, incluido el tributario.
Esto significa que Hacienda tiene la carga de probar la infracción y la culpabilidad. El contribuyente no tiene que probar su inocencia.
Si existen dudas razonables, falta de prueba suficiente o ausencia de motivación, la sanción debe anularse.
La prueba que puede justificar una liquidación no siempre justifica una sanción. Liquidar y sancionar son planos distintos. La regularización puede apoyarse en una determinada valoración de los hechos, pero la sanción exige además prueba del elemento subjetivo.
Sanciones tributarias a autónomos, profesionales y sociedades: errores frecuentes
En sanciones tributarias a autónomos, profesionales y sociedades, los errores más habituales de Hacienda suelen ser:
- confundir ingresos bancarios con ingresos profesionales;
- no distinguir entre honorarios, provisiones y suplidos;
- sancionar sin analizar operación por operación;
- confirmar sanciones globales por varios ejercicios;
- no individualizar la culpabilidad;
- basar la sanción en la liquidación;
- no valorar las alegaciones del contribuyente;
- no explicar los criterios de graduación;
- mantener sanciones tras una estimación parcial de la liquidación.
Estos defectos pueden permitir recurrir la sanción con posibilidades reales de éxito.
Cómo recurrir una sanción tributaria con posibilidades de éxito
Para recurrir una sanción tributaria conviene revisar cuidadosamente el expediente.
Debe analizarse si el acuerdo sancionador:
- motiva la culpabilidad;
- individualiza los hechos;
- distingue entre ejercicios;
- separa los conceptos regularizados;
- valora la prueba aportada;
- explica por qué no existe interpretación razonable;
- justifica los criterios de graduación;
- calcula correctamente la base sancionadora;
- respeta la presunción de inocencia;
- no se limita a copiar la liquidación.
En muchos casos, aunque la liquidación sea confirmada total o parcialmente, la sanción puede anularse por falta de motivación de la culpabilidad.
Conclusión
Hacienda no puede sancionar automáticamente por el hecho de regularizar una declaración. La sanción tributaria exige prueba suficiente, culpabilidad y motivación individualizada.
Cuando el acuerdo sancionador se limita a afirmar que existen ingresos no declarados, gastos no deducibles o una cuota dejada de ingresar, sin explicar por qué el contribuyente actuó con dolo o negligencia, la sanción puede ser anulada.
En Català Reinón Abogados estudiamos liquidaciones y sanciones tributarias desde la prueba, la motivación, la culpabilidad y las garantías del procedimiento, con el objetivo de defender al contribuyente frente a sanciones injustificadas.
FAQ – Preguntas frecuentes
No. Una liquidación tributaria no permite imponer automáticamente una sanción.
Hacienda debe acreditar que el contribuyente actuó con culpabilidad, dolo, culpa o negligencia.
- No basta con que exista una cuota dejada de ingresar
- La sanción exige una motivación propia
- Debe probarse una conducta reprochable
- La regularización y la sanción son actos distintos
Si la sanción solo copia la liquidación, puede recurrirse por falta de motivación.
Significa que no se ha probado que el contribuyente actuara con dolo, culpa o negligencia.
El principio de culpabilidad impide sancionar por responsabilidad objetiva.
- Puede existir una diferencia de criterio con Hacienda
- Puede haber un error razonable
- Puede faltar prueba suficiente
- Puede no existir conducta negligente
Sin culpabilidad acreditada, la sanción tributaria puede ser anulada.
No bastan expresiones generales como “la norma era clara” o “debía conocer sus obligaciones fiscales”.
La Administración debe explicar el caso concreto y no limitarse a fórmulas automáticas.
- “La norma era clara”
- “No concurre interpretación razonable”
- “Se ha dejado de ingresar una deuda tributaria”
- “La conducta revela falta de diligencia”
Estas frases pueden ser insuficientes si no se acompañan de una explicación individualizada.
Sí. La liquidación puede mantenerse y la sanción puede anularse por falta de culpabilidad o motivación.
Liquidar y sancionar son planos distintos. Hacienda puede reclamar una deuda, pero para sancionar debe cumplir garantías adicionales.
- Debe probar la infracción
- Debe motivar la culpabilidad
- Debe valorar la prueba aportada
- Debe justificar los criterios de graduación
Por eso, una sanción puede recurrirse incluso cuando la deuda tributaria no se discute.
Los errores más habituales son sancionar sin individualizar hechos, sin valorar pruebas o copiando la liquidación.
En sanciones tributarias a autónomos, profesionales y sociedades, conviene revisar si Hacienda ha cometido defectos relevantes.
- No distinguir entre ingresos, suplidos o provisiones
- No analizar operación por operación
- No motivar la culpabilidad
- No explicar la graduación de la sanción
Estos defectos pueden permitir solicitar la anulación total o parcial de la sanción.
Conviene recurrir cuando la sanción no explica de forma concreta por qué existió culpa o negligencia.
Antes de aceptar una sanción tributaria, es recomendable revisar el expediente completo.
- El acuerdo sancionador
- La liquidación tributaria
- Las pruebas utilizadas por Hacienda
- Las alegaciones presentadas por el contribuyente
En muchos casos, la falta de motivación suficiente permite defender la anulación de la sanción.
Publicado: Mayo 2026
Especialista en Derecho Fiscal y Tributario
Abogado/a Colegiado/a
